El ecosistema fintech en México continúa expandiéndose, pero la adopción real avanza a un ritmo más lento. Según datos de Finnovista Fintech Radar 2025, el 63% de las fintech cripto del país utiliza stablecoins para remesas, mientras que el 50% las implementa para comercio transfronterizo.

Sin embargo, México aún carece de un marco regulatorio específico para las stablecoins. Actualmente, los reguladores consideran su emisión como una actividad restringida de captación de depósitos, lo que genera un vacío legal significativo para las empresas de tecnología financiera que ya las utilizan.

Esta desconexión ha acompañado el crecimiento sostenido del sector en el país. México se ubica entre los mercados con mayor volumen de transacciones en stablecoins en América Latina, lo que plantea preguntas urgentes sobre la ausencia de definiciones claras alrededor del riesgo, la supervisión y la competitividad del mercado.

En esta etapa, las stablecoins están evolucionando hacia verdaderas infraestructuras de pago. La especulación en torno a ellas ha disminuido, permitiendo que su uso se expanda hacia remesas, comercio digital y servicios financieros descentralizados, pese a los riesgos persistentes relacionados con respaldo, liquidez y resiliencia operativa.

Aun así, los límites de adopción de las stablecoins son evidentes. Las ganancias en velocidad y costos pierden relevancia si los sistemas de pago no pueden conectarse entre redes, monedas y proveedores. La interoperabilidad sigue siendo uno de los desafíos más críticos sin resolver en los pagos transfronterizos, especialmente en mercados con infraestructura financiera fragmentada como México.

Briana Marbury, presidenta y CEO de la Fundación Interledger organización sin fines de lucro enfocada en promover estándares abiertos e interoperables de pagos, sostiene que las stablecoins solo podrán alcanzar su verdadero potencial cuando operen dentro de redes construidas sobre infraestructura compartida.

“Las stablecoins son prometedoras, pero por sí solas no constituyen un sistema”, explica. “Lo que falta es una infraestructura abierta que permita a diferentes redes, billeteras y proveedores transferir valor entre sí sin requerir múltiples acuerdos e integraciones técnicas personalizadas. Eso es precisamente lo que permiten los estándares abiertos de pago”.

La magnitud económica de esta brecha hace urgente su resolución. Las transferencias internacionales tradicionales pueden alcanzar costos de doble dígito en algunos corredores, y las redes basadas en stablecoins ya han demostrado que pueden reducirlos drásticamente. Pero sin la infraestructura abierta que describe Marbury, esos beneficios permanecen fragmentados y solo están disponibles en ciertos corredores, con determinados proveedores y para algunos usuarios. Cerrar esa brecha requiere no solo mejor tecnología, sino reglas más claras.

No obstante, el avance del mercado está superando la capacidad regulatoria. Expertos de la Fundación Interledger advierten sobre el riesgo de que la regulación llegue demasiado tarde. La ausencia de definiciones claras genera incertidumbre y podría empujar las operaciones fuera del ámbito regulado, dificultando aún más la innovación y la adopción.

A nivel internacional, el contraste es evidente. La Unión Europea ya implementa marcos regulatorios como Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), que establece reglas uniformes para la emisión, operación y supervisión de criptoactivos, con foco en transparencia, protección al consumidor y estabilidad financiera.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump promulgó en julio de 2025 la GENIUS Act, estableciendo el primer marco federal integral para stablecoins respaldadas en dólares. La ley exige a los emisores mantener reservas uno a uno, divulgar públicamente sus políticas de redención y operar bajo supervisión regulatoria federal o estatal.

La implementación ya está en marcha, con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicando en abril de 2026 su primera propuesta regulatoria bajo esta ley. En contraste, la Ley Fintech de México no ha avanzado al mismo ritmo. Los reguladores continúan clasificando la emisión de stablecoins como captación de depósitos, una actividad reservada para instituciones financieras autorizadas, dejando al 63% de las fintech cripto que ya las utilizan operando sin un marco legal claro.

México se encuentra en un punto de inflexión. Sin reglas claras, no solo aumentará la incertidumbre regulatoria, sino que el país también corre el riesgo de perder su liderazgo en América Latina frente a mercados que avanzan con mayor decisión hacia la certeza jurídica.

La adopción ya está en marcha y los casos de uso continúan multiplicándose. La gran pregunta es si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) definirá las reglas del juego a tiempo, o si el mercado seguirá creciendo en medio de vacíos regulatorios.