Una disposición interna del Infonavit comienza a generar incertidumbre jurídica en el mercado inmobiliario mexicano, luego de que operaciones realizadas mediante poderes notariales válidos empezaran a ser rechazadas bajo criterios administrativos internos. El caso abre cuestionamientos sobre legalidad, seguridad jurídica y discrecionalidad institucional en un sector que depende de reglas claras y certeza operativa.

Hay decisiones administrativas que parecen menores hasta que comienzan a paralizar operaciones, generar incertidumbre y poner en duda principios básicos del Estado de derecho. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir con la Nota Operativa 05/2025 del Infonavit, un criterio interno que, según especialistas jurídicos, estaría provocando el rechazo sistemático de operaciones inmobiliarias realizadas mediante poderes notariales legalmente otorgados.

El problema no es técnico. Es institucional.

Desde febrero de este año, distintos usuarios, notarios y abogados comenzaron a detectar que el Infonavit estaba rechazando trámites cuando intervenía un apoderado legal, aun cuando el poder había sido emitido ante notario, protocolizado conforme a derecho e incluso inscrito en mecanismos formales de verificación.

En términos simples: documentos que la ley considera válidos comenzaron a dejar de ser aceptados por efecto de una circular administrativa interna.

Un principio elemental

Ahí es donde aparece la verdadera discusión de fondo. Porque una cosa es fortalecer mecanismos de prevención contra fraudes inmobiliarios —algo completamente legítimo— y otra muy distinta es construir restricciones operativas que terminan alterando derechos previamente reconocidos por la legislación mexicana.

México funciona bajo un principio elemental: las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Y una nota operativa, por definición, no tiene el mismo rango jurídico que una ley aprobada por el Congreso ni que un reglamento formalmente publicado.

Sin embargo, en la práctica, eso parece estar ocurriendo.

El efecto inmediato

Diversos análisis jurídicos advierten que el Infonavit estaría imponiendo requisitos adicionales no previstos en la legislación vigente, particularmente en operaciones realizadas mediante poderes notariales para actos de dominio. El efecto inmediato ya comenzó a sentirse en notarías, desarrolladores, compradores y vendedores: operaciones detenidas, retrasos en escrituraciones, incertidumbre contractual y mayores costos operativos.

Y cuando eso ocurre en el sector inmobiliario, el impacto nunca es menor.

El mercado de vivienda funciona sobre confianza jurídica. Cada crédito, escritura, avalúo o compraventa depende de la certeza de que las reglas no cambiarán a mitad del camino. Si una autoridad administrativa empieza a reinterpretar unilateralmente instrumentos legales válidos, el mensaje hacia el mercado se vuelve delicado: la certidumbre puede modificarse mediante criterios internos.

Eso genera ruido financiero.También genera un precedente peligroso.

¿Y la privacidad apá?

Porque el tema no se limita al sector vivienda. El verdadero riesgo es abrir la puerta a que organismos públicos comiencen a sustituir la ley mediante disposiciones administrativas internas. Hoy es el Infonavit; mañana podría ser cualquier otra institución redefiniendo alcances legales sin pasar por procesos legislativos.

Otro elemento particularmente sensible es la exigencia de incorporar la CLABE interbancaria dentro de instrumentos notariales. Especialistas advierten que esta práctica podría introducir información financiera sensible en documentos públicos sin una base jurídica clara, lo que incluso abre cuestionamientos relacionados con protección de datos personales y secreto bancario.

En un entorno donde los fraudes digitales y la vulneración de datos financieros crecen constantemente, el tema no es menor.

Principios jurídicos básicos

Por supuesto, el Infonavit tiene derecho —y obligación— de fortalecer sus filtros de validación. Nadie discutiría la necesidad de combatir simulaciones, operaciones irregulares o esquemas fraudulentos que históricamente han existido en algunos segmentos del mercado inmobiliario.

Pero el combate a posibles abusos no puede construirse debilitando principios jurídicos básicos.

La seguridad jurídica no es un lujo técnico para abogados. Es uno de los pilares que sostienen la economía. Sin ella, se encarecen las operaciones, aumentan los litigios y disminuye la confianza de inversionistas y ciudadanos.

En otras palabras: cuando las reglas dejan de ser claras, el mercado se frena.

Cautela crediticia

Y eso ocurre en un momento especialmente complejo para el sector inmobiliario mexicano, donde ya existen presiones importantes derivadas de tasas, desaceleración económica, cautela crediticia y cambios regulatorios en distintos niveles de gobierno.

El peor escenario sería que este tema termine trasladándose masivamente a tribunales. Porque entonces el costo dejaría de ser administrativo y se convertiría en un problema institucional de mayor tamaño.

Certeza jurídica ante todo

La discusión de fondo no debería centrarse únicamente en notarías o poderes legales. La pregunta real es otra: ¿puede una circular administrativa restringir derechos previamente reconocidos por la ley?

La respuesta jurídica parece bastante clara.No.

Y justamente por eso este caso merece atención. Porque más allá del debate técnico, lo que está en juego es algo mucho más amplio: la certeza de que en México las reglas todavía se modifican mediante leyes y no mediante oficios internos.

Por: Martín Santomé